2019: Un viraje de poder sui generis

Las elecciones presidenciales del 2019 estuvieron marcadas por un contexto de desconfianza en el sistema político, ya que la crisis institucional del Estado fue agravada por la corrupción y el manoseo político del poder. En tal sentido, la Sentencia Constitucional Plurinacional 084/2017 abrió el camino a Evo Morales para poder postularse nuevamente y disputar la presidencia por cuarta vez.

Llegado el día de las elecciones y con la presencia de la misión de observación electoral de la OEA, se desarrollaron los comicios. Una vez arribada la noche, la Transmisión de Resultados Preliminares fue interrumpida sin explicación alguna, lo cual fue suficiente para que la ciudadanía salga a las calles y exija el respeto a su voto.

Tuvieron que transcurrir 21 días de violencia, fractura social y luto para que finalmente Morales anunciara su renuncia a la presidencia desde su bastión en el trópico cochabambino, siendo que unas horas después llegara un avión militar mexicano para llevarlo a su asilo político.

En primer lugar, es evidente que la misión de la OEA, al emitir públicamente su informe, no utiliza la palabra “fraude” para referirse al proceso electoral. Sin embargo, la palabra “irregularidades” fue el común denominador para calificar las elecciones generales, estando las mismas insertas en el sistema de cómputo, en la administración y manejo de ánforas y demás aspectos comprobados. Por tanto, apelando a la primacía de la verdad material, podemos afirmar vehementemente que existió fraude, que sea en menor o mayor escala, representa una transgresión inadmisible del voto.

Ahora, entre el 10 y 12 de noviembre Bolivia no contaba con jefe de Estado, ya que conforme el art. 170 de la CPE, el entonces presidente Morales abandonó el país definitivamente al acogerse a un asilo político en México y aquello habilitaba la sucesión presidencial. Dicha acefalía desató anarquía e inseguridad en las calles, obligando a las Fuerzas Armadas desplegarse para mantener el orden y la unidad del Estado. Finalmente, el 12 de noviembre la entonces senadora Jeanine Añez asumió la presidencia del Estado.

Todas las circunstancias y contexto político del momento nos conducen a preguntarnos si tal asunción al poder fue realizada en el marco de la Constitución Política del Estado. Al respecto cabe analizar varios aspectos y posturas.

Primero, la postura sobre el golpe de Estado. El MAS en su conjunto y otros aliados sostienen hasta la actualidad que efectivamente hubo un golpe. En tal sentido, los argumentos que podrían respaldar tal posición son los siguientes: Primero, tanto el vicepresidente y presidentes de la cámara de diputados y senadores renunciaron a sus cargos, lo que según el reglamento de la cámara alta demandaba una reconfiguración de la directiva del Senado donde la presidencia debía ser ejercida por un miembro de la bancada mayoritaria (MAS en aquel momento). Sin embargo, Añez era la segunda vicepresidente del Senado y por una lógica simple de sucesión asumió la presidencia para luego acceder a la cabeza del ejecutivo, siendo una proclamación viciada de ilegalidad.

A la par, se argumenta que debido a los motines policiales y la recomendación del Comandante General de las FFAA al señor Morales de renunciar, se podría hablar de una toma violenta del poder (como ocurría en el siglo pasado).

Segundo, la postura sobre la sucesión constitucional. En este caso se apela a la sucesión que aplicó Añez y sobre todo a la coyuntura política del momento. Instalada la sesión, los senadores del MAS no asistieron para provocar una falta de quórum a pesar de las garantías ofrecidas para su seguridad. Además, la entonces presidente del Senado Andrea Salvatierra, anunció su dimisión del cargo públicamente, pero después sostuvo que debía hacerlo mediante carta, queriendo ingresar a la cámara, pero impedida por los efectivos policiales.

El informe de la Conferencia Episcopal Boliviana del 2021 reveló que, durante el vacío de poder, la Iglesia convocó al diálogo a representantes del MAS y de la oposición en instalaciones de la Universidad Católica Boliviana en La Paz. Lo más impactante demuestra que hubo intereses políticos que pretendían motivar el ascenso de Añez al poder, no obstante, también demuestra que los senadores del MAS tenían garantías (incluso de la Unión Europea) para asistir a la sesión que luego habilitaría una sucesión presidencial.

Haciendo una lectura político social del momento, era evidente el repudio del pueblo a Morales, que luego se amplió a todo el MAS. ¿Si se reconfiguraba el Senado y asumia la presidencia un senador masista, se hubiese pacificado el país?...

Efectivamente la proclamación de Añez estuvo plagada de vicios, sin embargo, los hechos muestran que relativamente se pacificó el país. Lamentablemente, la retórica golpista tomó más fuerza por sus dos mayores errores: corrupción (caso respiradores y otros) y decisión de postularse a la presidencia.

No obstante, es necesario reconocer que la institucionalidad del Estado no estuvo irreversiblemente fracturada como ocurre en un golpe de Estado. El mayor reflejo de aquello fue la existencia y continuidad de la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde Eva Copa asumió la presidencia del Senado y los asambleístas prosiguieron con sus funciones, incluso prorrogándose en las mismas a través de una ley.

Toda esta debacle fue ganada, en la retórica, por la tesis golpista. En la actualidad, Añez, Camacho y Pumari se encuentran encarcelados por casos expresamente titulados como golpe de estado I, II , III, etc. Al respecto hay que hacer un análisis estrictamente legal. En cuanto a Añez, es imperativo que se la juzgue bajo un juicio de responsabilidades. Por último, dejando de lado la constitucionalidad de su mandato, efectivamente ejerció la presidencia (designó ministros, fue reconocida por el TCP, las FFAA y la ALP) e incluso existe un gran precedente en la persona de Luis García Meza, quien anteriormente fue procesado bajo un juicio de responsabilidades, a pesar de haber sido un militar que sí tomó violentamente el poder al deponer a Gueiler en 1980 y clausuró el congreso nacional de aquel entonces.

Es importante revisitar este viraje de poder. El cual nos conduce a la conclusión de que el poder puede ser capturado por intereses políticos e incluso bloqueado por caprichos caudillistas. Sin embargo, lo que jamás se puede alterar, son los hechos públicos y la propia Constitución. En un momento donde seguimos viviendo una crisis multidimensional, debemos asumir una mirada crítica y no extremos.